Estado
español, 20 de abril de 2016
Al
tiempo que 41
administraciones públicas del Estado español han ido manifestado su
compromiso con el cumplimiento del derecho internacional y los
Derechos Humanos en
Palestina-Israel adhiriéndose
al BDS y/o
declarándose Espacios
Libres de Apartheid Israelí (ELAI), las
amenazas “legales” llegadas desde el lobby sionista van cayendo
por su peso propio peso. Este
proceso es paralelo a una dinámica extremadamente peligrosa
de criminalización
y estigmatización del BDS y
sus activistas, representada recientemente por la declaración del
ministro israelí de inteligencia, Yisrael Katz, quien el pasado 28
de marzo defendió que Israel debía comprometerse con la
“eliminación de objetivos civiles” de los “líderes” del BDS
con la ayuda del Mossad.
Ante
el fracaso continuado de las negociaciones entre dirigentes israelíes
y palestinos, el avance de la colonización sionista, la
sofisticación de la ocupación y del apartheid israelí, las
masacres contra la población palestina y, en definitiva, la
violación sistemática e impune del derecho internacional por parte
del Estado de apartheid de Israel, en 2005 más de 170 organizaciones
palestinas, coordinadas por el Comité
Nacional Palestino de BDS (BNC),
lanzaron la iniciativa
antirracista y no violenta de Boicot, Desinversiones y Sanciones
(BDS).
El objetivo de esta campaña es presionar al Estado de Israel para
que “cumpla con el derecho internacional y los principios
universales de Derechos Humanos”.
El
BDS, que suma
éxitos cada semana,
ha recibido el apoyo de figuras públicas globales como el arzobispo
sudafricano y Premio Nobel de la Paz, Desmond
Tutu,
el científico Stephen
Hawking o
el superviviente del campo nazi de Buchenwald y participante en la
redacción de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, Stéphane
Hessel,
por citar algunos ejemplos. Cientos
de víctimas judías del Holocausto,
en verano de 2014, relacionaron la palabra “genocidio” con la
operación Israelí en Gaza y pidieron el “boicot total” de la
ONU a Israel. También,
diferentes organizaciones judías de todo el mundo apoyan el BDS
(IJAN, Jewish Voice for Peace, Boycott from Within, etc.), por lo que
cualquier acusación de antisemitismo es una falsedad que intenta
justificar los crímenes israelíes. Asimismo, en diferentes
lugares del mundo el boicot académico, económico, cultural y
deportivo contra Israel está teniendo un impacto muy relevante, así
como las desinversiones. Recientes cálculos consideran que el
régimen israelí perdió más de 31.000 millones de dólares en el
año 2015 debido al BDS.
La Red
Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP),
entidad que agrupa a más de 45 organizaciones de solidaridad con el
pueblo palestino en todo el Estado español, ya ha conseguido que más
de 40 administraciones públicas hayan
declarado oficialmente su compromiso con el cumplimiento del derecho
internacional y los Derechos Humanos en Palestina-Israel adhiriéndose
al BDS y/o declarándose Espacios Libres de Apartheid Israelí (ELAI).
Se trata del mayor éxito del BDS en el ámbito de las instituciones
públicas locales y regionales en toda Europa.
Paralelamente
a estos éxitos de la solidaridad con Palestina, al otro lado del
Mediterráneo, el Estado de apartheid de Israel viola
sistemáticamente, desde hace 68 años, los derechos fundamentales de
la población palestina (incluyendo bombardeos
masivos como los del verano de 2014 contra
la población de Gaza, en los que asesinó a más de 500 niñas y
niños). Para intentar enfrentar el avance del BDS sus grupos de
presión han puesto en funcionamiento una campaña
mundial, financiada con una cantidad de fondos sin precedentes, para
silenciar y criminalizar el BDS,
incluyendo claros ataques por parte de Israel contra la libertad de
expresión y contra los derechos civiles en Europa y Norteamérica.
Entre otros, estar fomentando un ambiente de acoso, intimidación
y represión que reúne todas las características de la época del
macartismo en los EE. UU. y de los peores días del régimen de
apartheid en Sudáfrica.
El
lobby sionista en el Estado español lleva meses amenazando a
los poderes democráticos municipales y provinciales a través de una
entidad sionista. Con el aumento del número de ayuntamientos,
diputaciones y cabildos adheridos al BDS y/o declarados ELAI, el
lobby defensor del Estado de apartheid de Israel ha intentado
manipular, coaccionar y amedrentar a las administraciones públicas
adheridas mediante estrategias mafiosas de acoso en las redes
sociales (que
cuentan con algunos perfiles vinculados a la extrema derecha, a la
islamofobia y que niegan la violencia machista, por
ejemplo),propaganda
difamatoria en los medios de comunicación y denuncias legales sin
ningún tipo de fundamento jurídico.
Tácticas similares también han tenido lugar en los últimos tiempos
en Francia, el Reino Unido, Norteamérica y otros lugares.
Sin embargo, numerosos ayuntamientos y otros organismos de gobiernos
regionales están demostrando su coherencia y su compromiso con el
derecho internacional y los Derechos Humanos, manteniéndose firmes
ante esta campaña de difamaciones y amenazas.
Además, en
los municipios de Abrera y Catarroja (el
pasado lunes 18 de abril en este último caso) los
ataques sionistas han caído por su propio peso en los tribunales, ya
que las denuncias sionistas contra la moción de adhesión al BDS
han sido retiradas o su procedimiento ha sido desestimado. Como
nos han comunicado miembros de estas mismas administraciones
públicas, es intolerable que grupos que defienden un Estado
colonial, que practican el apartheid y la limpieza del étnica desde
hace 68 años, intenten
destruir la capacidad de decisión y la soberanía de municipios
democráticos que están legislando en favor de la legalidad
internacional y los Derechos Humanos.
Seguimos y seguiremos
defendiendo la libertad, la justicia y la igualdad en Palestina.
Seguiremos respondiendo a la llamada de solidaridad del pueblo
palestino.
¡Derecho
a la democracia y el derecho al BDS van de la mano!
Red
Solidaria Contra la Ocupación de Palestina